Fundación Secretariado Gitano

Francia desmantela campamentos y expulsa a gitanos del Este [editar]

Francia ha continuado con su política hacia los gitanos, con el desmantelamiento de campamentos y la expulsión a su país de origen de ciudadanos gitanos procedentes principalmente de Rumanía.

A lo largo del mes de agosto, los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco del desmantelamiento de al menos cuatro campamentos en las ciudades de Lille, Lyon y en los suburbios de París, en Evry. El 9 de agosto, la policía francesa desmanteló un campamento en la ciudad de Lille en el que residían 200 personas; el 27 de agostó levantó otros dos asentamientos en Lyon, con 150 personas y Evry, cerca de París, con 70 gitanos. Según las autoridades francesas, los campamentos son ilegales, insalubes y plantean problemas de seguridad.

Asimismo, Francia ha continuado con la política de expulsiones. Al menos durante el mes de agosto volvieron a su país de origen 200 gitanos de Rumania.

La Comisión Europea llamó la atención a Francia sobre al trato a los extranjeros de etnia gitana. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, puntualizó que "ninguna persona debe ser expulsada únicamente porque es gitana" e insistió en que "la expulsión de un ciudadano de un Estado miembro no puede ser arbitraria y siempre debe ser el resultado de un tratamiento caso por caso". "El derecho a la libre circulación es un derecho fundamental, garantizado por los Tratados europeos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE", dijo. A principios de septiembre está prevista la visita de la comisaria de Justicia a París para abordar estos asuntos.

Ante las críticas, el Gobierno francés organizó el 22 de agosto una reunión interministerial para tratar el asunto, tras reunirse con asociaciones de defensa de la comunidad gitana. La principal decisión fue levantar algunos obstáculos para favorecer la entrada en el mercado laboral francés a las personas de nacionalidad rumana y búlgara. Francia ha demandado también a los gobiernos de Rumania y Bulgaria una mejora en la inserción de sus ciudadanos de etnia gitana.

Entre las críticas por su política de inmigración, destaca la de un equipo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha subrayado que las expulsiones colectivas están prohibidas por las leyes internacionales.

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